Las «filtraciones sumariales» proporcionan informaciones sobre asuntos de interés público, pero propician un enjuiciamiento paralelo sin garantías ni contradicción alguna, que suele acabar, indefectiblemente, con el veredicto popular de condena anticipada del afectado. De ese modo, la presunción de inocencia y la honorabilidad del enjuiciado públicamente, y el adecuado entendimiento del «juicio justo», con sus notas de imparcialidad y reconocimiento de los derechos del acusado, desaparecen. La cuestión ha alcanzado tal gravedad, que parece hora de llamar a la responsabilidad y plantearse soluciones al respecto. En los siguientes artículos los autores estudian esta realidad, analizando especialmente el papel que abogados, informadores e imputados juegan en la misma.

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La investigación de los delitos es una  parte esencial del proceso penal y a ella se dedica el análisis de los autores de esta colección doctrinal. Dos de los trabajos se dedican a la prueba de ADN, a los interrogantes que plantea su regulación normativa y a la respuesta jurisprudencial a los mismos, destacando el estudio sobre la toma de muestras y la coactividad o no de la misma. Se analizan en otro trabajo las cuestiones específicas que suscitan mayor problemática práctica en la investigación policial de los delitos contra la seguridad vial, especialmente en relación a los instrumentos y aparatos utilizados para la medición de la velocidad y a las pruebas de alcoholemia y de detección de drogas. Un último estudio se dedica a la aportación de propuestas que debería contener en esta materia una futura Ley de enjuiciamiento, asignatura pendiente de la justicia penal.

Aunque una abundante jurisprudencia ha establecido la prohibición del aprovechamiento directo e indirecto de la prueba ilícita, también se admiten excepciones, de tal modo que se reconoce que, en determinadas condiciones, la prueba ilícita puede producir un efecto indirecto y, como tal, puede constituirse en prueba de cargo contra el acusado y fundamentar un fallo condenatorio. Y es al estudio de la prueba ilícita a la que se dedica esta serie de artículos. En los estudios destaca el análisis realizado especialmente de dos materias; la entrada, detención y registro en domicilio o en lugares cerrados (requisitos, supuestos, garantías o consecuencias) y las inspecciones, registros o intervenciones corporales, tendentes a obtener muestras biológicas para su posterior análisis de ADN, incluidos su examen y custodia. Atención especial merece también el estudio de las videograbaciones como fuentes de prueba en la instrucción de causas criminales y medios de prueba en el enjuiciamiento.

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Dos artículos componen esta colección dedicada al estudio de la víctima como parte en los procesos penales. En el primero se analiza una opción de reforma legislativa consistente en articular el mecanismo legal de que las víctimas no tengan que declarar en el proceso, sino como prueba preconstituida. El segundo se dedica a los mecanismos legales europeos para la protección de las víctimas y los grupos más desfavorecidos y vulnerables y en concreto a la orden europea de protección, mecanismo con específicas medidas para ser efectivas en todo el ámbito de la Unión Europea que otorga protección sin solución de continuidad a víctimas de delitos.

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